Los subsecretarios de Economía y de Hacienda estudian reflotar el proyecto que está en el Congreso, aunque con modificaciones. Ya se han reunido con el Comité de Retail Financiero y la Asociación de Bancos.

Hace un año que el proyecto de ley que crea la primera base consolidada de deudas comerciales de las personas, y que genera polémica entre el retail y la banca, está paralizado en el Congreso. Su discusión no avanzó, pese a que cada semana la Comisión de Economía de la Cámara Baja, donde está el texto, lo puso en tabla. La iniciativa fue diseñada por el equipo de la ex subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, y aunque fue clave en su gestión, ésta desistió de tramitarla por la falta de consenso político.

En marzo pasado, dicha comisión de la Cámara de Diputados, que preside el diputado UDI Gonzalo Arenas, decidió reactivarlo y preguntó al gobierno si seguirá o no con la idea. La respuesta fue positiva. Hoy los subsecretarios de Hacienda, Rodrigo Alvarez, y de Economía, Tomás Flores, estudian reflotar la propuesta, aunque con modificaciones vía indicación sustitutiva.

El proyecto obliga a los operadores de crédito a informar a una base única de datos las deudas al día y morosas de sus clientes. Se argumenta que eso permitiría a la autoridad (Banco Central y Superintendencia de Bancos, Sbif) y a los actores financieros conocer el endeudamiento total y detallado de los consumidores, su capacidad e historial de pago y definir mejor su riesgo.

El texto reúne en un solo registro la información de todos los clientes de la banca y también de los 16,3 millones de titulares de tarjetas no bancarias, de las cuales 5,9 millones están activas. En 2009, ese negocio registró 205 millones de operaciones, por US$ 9.136 millones, y en el cuarto trimestre de ese año un  10,5% de su cartera estaba en mora.
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